miércoles, 23 de enero de 2013

Candelaria se sube al Fondo Social de Viviendas de Alquiler.


La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Candelaria acordó, este lunes 21 de enero, adherirse al convenio para la constitución del Fondo Social de Viviendas.

El alcalde de Candelaria, José Gumersindo García Trujillo, apunta que en el objetivo del acuerdo es que familias del municipio puedan acceder a este Fondo Social lo antes posible, para ello se remitirá el protocolo aprobado junto con el acuerdo de certificación de la Junta de Gobierno a la Federación Canaria de Municipios y Provincias, para posteriormente iniciar la colaboración con las entidades de crédito previstas.

En este sentido el Ayuntamiento ha solicitado a las entidades bancarias datos sobre las viviendas del municipio que estén incluidas en este Fondo, así como de otras que no han sido incluidas y puedan ser alquiladas por familias con pocos recursos.

“Además hemos ofrecido a las entidades bancarias, que tienen que hacer obras de acondicionamiento y mejora en las viviendas, los servicios de las empresas de economía social dependientes del Ayuntamiento (Fundación y Empresa de Inserción) para la realización de las mismas”, apunta García Trujillo quien añade que para ello se contrataría a personas desempleadas de larga duración y con cargas familiares.

Cabe recordar que el convenio fue adoptado el pasado 17 de enero entre los ministerios de Economía y Competitividad, Sanidad y Servicios Sociales, Fomento, Banco de España, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Plataforma del Tercer Sector (Organizaciones no Gubernamentales), las patronales bancarias y 33 entidades de crédito.

El fondo está constituido por 5.891 viviendas a precios moderados para familias en situación más vulnerable. Las familias que pueden acceder a estas viviendas son las que hayan sido desalojadas de sus viviendas después del 1 de enero de 2008. El alquiler tendrá una duración de dos años y las rentas oscilarán entre los 150 y 400 euros al mes, con un límite máximo del 30 por ciento de los ingresos netos totales de la unidad familiar.