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El alcalde de Güímar, Rafael Yanes, se reunió en la mañana de hoy con el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola, para trasladarle su disconformidad a que el partido judicial de Güímar se retire del municipio. Por su parte el consejero se mostró muy receptivo ante los contundentes argumentos ofrecidos por el alcalde.
Tras el anuncio del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de la posible eliminación de los Partidos Judiciales de Güímar, Granadilla y Puerto de la Cruz, Rafael Yanes no ha cesado en su lucha en contra de esta medida. Yanes afirma que en 2011 este mismo Tribunal consideró que era “imprescindible” la creación de un nuevo juzgado en el municipio, que se sumaría a los tres ya existentes, en su memoria de gestión del año 2010. “Lo que es sorprendente –reitera el alcalde- es que un año después de haber anunciado esta propuesta, planteen la eliminación total de los partidos judiciales que existen en el municipio”.
El alcalde recuerda que los juzgados de Güímar han tenido un aumento en asuntos judiciales muy superior al resto de la Isla, al tiempo que insiste en que la población ha crecido un 85% desde la creación del primer juzgado en el municipio, en el año 1988.
Además, Yanes recuerda que Güímar cuenta con unas modernas instalaciones que albergan tres Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y que está preparado para acoger a un cuarto juzgado, algo que sí es necesario por el ingente trabajo que se acumula en sus dependencias. De esta forma, afirma, “trasladar a los funcionarios a otra sede no supone ningún ahorro, puesto que es el mismo personal y lo único que se logra es obligar a que más de cincuenta mil personas del Valle de Güímar tengan que desplazarse para acceder a la Administración de Justicia”.
El alcalde insiste en que la idea del Tribunal Supremo es derivar los litigios de Güímar a la administración situada en Santa Cruz, donde los juzgados de lo Contencioso Administrativo y de lo Civil están ubicados en locales alquilados. “Se trata sin duda de un uso irracional del dinero público cerrar un edificio que ya ha sido pagado, como es el caso de los juzgados de Güímar”.
Rafael Yanes recuerda que todo este conflicto partió de un informe del Consejo General del Poder Judicial basado en criterios peninsulares que no tienen nada que ver con la realidad del Archipiélago, ya que “se pretende que el radio de acción de los juzgados sea mayor, lo que en la Península parece razonable pero en Canarias tiene unas consecuencias muy negativas para los ciudadanos, pues en Tenerife la distancia entre los puntos más lejanos es sólo de 87 km, además de no contar con los medios de transporte público que existen allí”.
